El proyecto principal consiste en la expansión de un tramo de carretera de 7,5 km, desde la intersección de la Calle Bombero Villalobos hasta después del cruce El Guindal. El proyecto se divide en tres tramos, y en esta primera parte se llevará a cabo el Tramo I, que abarca los primeros 2,100 km desde la intersección de Bombero Villalobos hasta el Dm 2,100 de la ruta.
En el Tramo I se mejorará el diseño geométrico y se ampliará la ruta H-27 para permitir una velocidad de proyecto de 50 km/h en el tramo urbano y 70 km/h en el tramo interurbano. Para lograr esta ampliación, se trasladarán las estructuras eléctricas existentes y las compañías de servicios adosadas a ellas.
Además, con el objetivo de mejorar el estándar de la ruta H-27 y cumplir con los objetivos de operación y conectividad, se llevarán a cabo proyectos de iluminación, paisajismo, semaforización e instalación de cámaras de vigilancia, optimizando así los requisitos de los usuarios de esta ruta.
La construcción del primer tramo de ampliación a doble vía de la Carretera El Cobre ha sido paralizada desde mediados de mayo debido al aumento en el precio de los insumos, según la empresa Imaco. Por esta razón, están solicitando al Gobierno Regional 1.700 millones de pesos adicionales al presupuesto original.
El tramo en cuestión, el primero de tres, tenía un plazo de ejecución de 720 días que debía finalizar en el segundo semestre de este año. La obra implicó una inversión de 38 mil millones de pesos para construir una doble vía de 7,2 kilómetros desde Rancagua hasta Machalí.
Debido al déficit presupuestario, se acordó suspender las obras hasta el 11 de julio para buscar una solución consensuada. El gobernador de O'Higgins, Pablo Silva, explicó que se licitó la obra con un presupuesto fijo que incluía posibles aumentos en los precios de la mano de obra y los materiales. Sin embargo, la empresa solicitó un reajuste excepcional que no estaba contemplado en el presupuesto regional.
El directorio regional de Vialidad O'Higgins ha solicitado al Gobierno Regional aplicar el reajuste para evitar problemas financieros y ha realizado las gestiones administrativas necesarias para agilizar el trámite ante el Ministerio de Desarrollo Social.
El gobernador advierte que el aumento de 1.700 millones de pesos no es una situación normal y está a la espera de la respuesta de la Contraloría para determinar si corresponde realizar dicho desembolso. El presupuesto ajustado deberá ser visado por el Ministerio de Desarrollo y luego aprobado por la comisión respectiva del consejo regional.
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